La agresión hacia niñas y mujeres representa la manifestación más extrema de desigualdad y discriminación.
En México, al igual que en otros países, los principales factores que impulsan la violencia de género son las condiciones estructurales desfavorables en las que se desarrollan las interacciones sociales, familiares y culturales entre hombres y mujeres. Esta violencia tiene serias consecuencias en la salud, libertad, seguridad, bienestar y vida de las niñas y mujeres, lo que se traduce en graves violaciones a sus derechos humanos. Además, afecta el progreso en el desarrollo de los países y compromete la responsabilidad internacional de los gobiernos cuando no se garantiza el acceso a la justicia para las mujeres.
De acuerdo a la Corte IDH, LA FGR y las instituciones responsables, deben incluir en sus investigaciones:
- Incorporar un enfoque de género en el análisis.
- Eliminar todos los obstáculos, legales o prácticos, que dificulten la investigación adecuada de los hechos y el desarrollo de los procesos judiciales correspondientes.
- Establecer líneas de investigación específicas en relación con este tipo de violencia.
- Incluir en las investigaciones los patrones observados en la región donde ocurrieron los hechos.
- Proporcionar información regular a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y garantizar su acceso completo a los expedientes.
- Asegurar que las investigaciones sean llevadas a cabo por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en la atención a víctimas de discriminación y violencia de género.
En consecuencia, en la Procuraduría General de la República, se ha creado el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual. Esta herramienta establece las responsabilidades que los servidores públicos, como representantes del Estado, deben cumplir.
Este protocolo surge con el objetivo de proporcionar un método estandarizado y eficaz en la investigación de la violencia sexual, bajo la jurisdicción de la Procuraduría General de la República, perpetrada en contra de mujeres y niñas principalmente, pero también incluyendo casos presentados en niños u hombres, asegurando que se lleve a cabo con una perspectiva de género y cumplimiento riguroso del principio de debida diligencia.
Este protocolo comprende una serie de procedimientos específicos, destinados a regular y unificar el accionar del personal sustantivo de la institución en tres niveles de especialización: ministerial, policial y pericial. De esta manera, se garantiza el cumplimiento y protección de los derechos humanos en su actuación, evitando la discrecionalidad y asegurando que la intervención sea coordinada y guiada.
La capacitación en derechos de las mujeres y justicia con perspectiva de género es fundamental para la profesionalización de los funcionarios encargados de procurar justicia. Con voluntad, esfuerzo, responsabilidad y sensibilidad, estos funcionarios deben aplicar este instrumento en sus investigaciones, demostrando que la violencia no será tolerada por el Estado.
La implementación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual no solo cumple con la normatividad interna y los criterios de la Corte Interamericana, sino que también refleja la convicción institucional de luchar contra la impunidad en delitos de violencia de género y fortalecer los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto, a su vez, aumentará la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de procurar justicia.
El propósito de este protocolo es guiar al personal en la implementación de la perspectiva de género y prevención de cualquier tipo de Violencia Sexual, fortaleciendo las habilidades en las investigaciones relacionadas con la violencia sexual en contra de mujeres y niñas, llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República. Los operadores deben ser conscientes de los factores sociales y estructurales que generan desigualdades de género y violencia misógina.
Abordar los hechos desde una perspectiva de género implica reconocer cómo las asimetrías en el ejercicio del poder y los derechos afectan gravemente a las mujeres y cómo pueden motivar una violencia cruel y brutal en su contra. Las investigaciones no deben ser influenciadas por estereotipos discriminatorios, ya que esto podría generar impunidad o permisividad y comprometer la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
En casos de hostigamiento sexual, abuso y estupro, los acuerdos reparatorios no deben ser viables, ya que las partes deben estar en igualdad de condiciones para negociar y no haber actuado bajo intimidación, amenaza o coacción. La violencia sexual, que se comete principalmente por razones de género, reduce la capacidad de decisión de la víctima y crea una relación desigual de poder entre el agresor y la víctima. Este principio se refleja en la legislación que evita procedimientos de mediación y conciliación en situaciones de desigualdad de poder.
